Estamos hablando de un fraude muy común entre aquellos trabajadores y ciudadanos que por falta de ingresos estables optan por una solución rápida para la obtención de indemnizaciones que producen un desembolso económico importante ante empresas aseguradoras, las más afectadas.
Tanto la simulación de un robo en domicilio, como la simulación de lesiones ocasionadas por un supuesto accidente de tráfico son los fraudes más frecuentes en España, siendo estas últimas las más comunes (alrededor de un 70 %) entre los asegurados con pólizas a terceros que aprovechan para incorporar daños anteriores a sus vehículos.
Tal y como indica el artículo 248 del Código Penal, se establecen penas de entre seis meses y tres años de prisión según el importe defraudado, dato que dichos defraudadores desconocen o asumen dicho riesgo por diversos motivos o necesidades.
Podemos estimar alrededor de 350.000 casos de fraude al año en el sector de aseguradoras, aunque debido a su dificultad para detectarlo es muy posible que pueda verse duplicada sin problema.
La labor del detective sugiere un ahorro para dichas empresas aseguradoras, no solo por el ahorro que pueda conllevar, sino por las capacidades, práctica y concienciación que puede suponer para que la picaresca en este tipo de acciones sea mermada y sirva de ejemplo ante cualquier intento de fraude de este tipo.
Dicha actuación por parte del detective recopilará pruebas necesarias para esclarecer el presunto fraude que junto con el la elaboración del informe servirán de prueba ante el Tribunal que ha de fallar en el proceso o ante el cliente, lo cual genera una garantía de seguridad y aval ante la numerosa jurisprudencia y numerosos casos en los que mutuas y aseguradoras logran desenmascarar supuestos fraudes.
Un accidente simulado o exagerado encarece el siniestro, distorsiona la siniestralidad y castiga a quien cumple. Verificar la realidad de las lesiones tiene un efecto directo sobre el coste y sobre la credibilidad de toda la cartera.
Informe con la comparación entre lo declarado y lo observado, y el material de respaldo, apto para el expediente de la aseguradora o el procedimiento judicial.
El tratamiento de datos de salud está especialmente protegido: se verifican hechos observables y no se accede a información clínica. La prueba se obtiene sin vulnerar la intimidad.
El informe permite revisar la reclamación con base objetiva. La decisión y la valoración jurídica corresponden a la aseguradora y a sus abogados.
Desde que existe un indicio razonable de incoherencia. Investigar al azar no aporta y encarece el proceso.
