No es un asunto baladí, y si no está acorde con la legalidad, nos encontramos ante una prueba ilícita en el procedimiento judicial.

Debemos recordar, en el ámbito laboral, el inicio de una investigación por parte de la empresa hacia un empleado debe ser ante sospechas fundadas para acudir a los servicios de detectives privados. Esto es, una eventual actuación irregular del empleado no debe ser un mero indicio.

En este punto, existe numerosa jurisprudencia acerca de la validez de este tipo de pruebas en los procesos judiciales, concretamente en el uso de cámaras de videovigilancia instaladas por detectives privados en las instalaciones mercantiles, las cuales se enmarcan dentro de la Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014).

 

En este sentido, debemos recordar para que los Tribunales estimen acreditadas la recogida de imágenes aportadas por los detectives privados, éstas se deben aportar según la legislación vigente, ampliando estas consideraciones a los parámetros de necesidad (no exista otro medio menos lesivo para la consecución del objetivo), idoneidad (justificación para la medida de control) y proporcionalidad (se deriven más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes), a tenor de lo estipulado por el Tribunal Constitucional (Sentencia 39/2016, de 3 de marzo).

Por el contrario, la prueba se podría considerar nula en su totalidad y considerar el despido del empleado como improcedente.

Previamente, debemos recordar la diferencia entre la instalación por parte de la empresa de una cámara de videovigilancia y la instalada por un detective privado. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la colocación de cámaras ocultas por parte de una empresa (por ejemplo, supermercados que vigilan a sus cajeras) con el objetivo de investigar ciertas irregularidades por parte de los empleados durante un período de tiempo ilimitado, constituye una vulneración de los derechos de los trabajadores por no resultar proporcional los medios empleados con la medida de control al existir otros medios menos lesivos, así como el incumplimiento del deber de información previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Por otro lado, el Tribunal Constitucional es partidario de tratar “caso por caso ” con el objeto de determinar si el control empresarial vulnera derechos fundamentales respecto a la protección de datos de carácter personal del empleado, o no.

 

 

Llegados a este punto, nos encontramos ante una situación de choque entre normativa nacional y comunitaria respecto a la hora de tratar la prueba videográfica cuando es obtenida dentro del ámbito empresarial.

Por ello, desde investiga trabajo aconsejamos recibir un buen asesoramiento tanto desde el ámbito jurídico como de la investigación privada.

Un buen trabajo multidisciplinar entre abogados y detectives privados, ayudarán a la consecución del objetivo perseguido.